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Salidas anticipadas: el procurador penitenciario advirtió que el proyecto le da "poder absoluto" al Servicio Penitenciario

20 abr 2017
19h59
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El procurador penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, y una significativa cantidad de especialistas y ONGs criticaron hoy en el Senado el proyecto para reformar el régimen de salidas anticipadas al advertir que le da "poder absoluto" al Servicio Penitenciario mientras acota el rol de la Justicia.

Durante el debate de la iniciativa en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, las únicas voces a favor fueron las de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, quien destacó como punto fuerte de la reforma "la incorporación de la víctima al proceso penal con un papel central".

En cambio, los otros 25 invitados dieron una opinión general negativa, entre ellos Mugnolo, quien pidió a los senadores que realicen un "análisis detenido para modificar el proyecto" y advirtió que en caso de ser aprobado como está, "devuelve al Servicio Penitenciario el poder absoluto en la condena".

"La ley 24.660 fue votada para evitar excesos del Servicio Penitenciario" y "parece que estamos volviendo a la época en la cual el Servicio Penitenciario hacía con las personas lo que quería", consideró el funcionario.

Así aludió al hecho de que el proyecto para modificar la ley 24.660 -que regula la ejecución de la pena y las formas de excarcelaciones- señala que será el director de la cárcel el que "por resolución fundada propondrá al juez de ejecución o juez competente la concesión de las salidas transitorias o del régimen de semi libertad".

También determina que el juez de ejecución puede otorgar la libertad condicional cuando cuente con los informes fundados del organismo técnico criminológico, del Consejo Correccional del establecimiento y de la dirección del establecimiento penitenciario que pronostiquen en forma individualizada su reinserción social".

Mugnolo evaluó que al mismo tiempo el proyecto acota el rol de los jueces porque, según pronosticó, "va a terminar con la Justicia de ejecución" y sostuvo que "si la Justicia es deficiente la solución no puede ser quitarle intervención al juez".

En la misma línea, se quejó porque la falta de recursos en esos juzgados: "Hay dos jueces de ejecución nombrados hace dos años a los que no les dieron ni una silla", sostuvo.

A su turno, el juez de ejecución Marcelo Peluzzi opinó que con estas modificaciones a la ley 24.660 sería necesaria la "creación de más penales para soportar la carga de nuevos detenidos", mientras que el juez de Cámara en lo Penal Contravencional Sergio Delgado advirtió: "Con esto están derogando la libertad condicional".

En tanto, la coordinadora del Equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Eva Asprella, sostuvo que hay que "quitarle poder al Servicio Penitenciario" al advertir sobre diversas irregularidades en ese sistema.

"Si ahora hay corrupción en el Servicio Penitenciario, este proyecto lo que va a hacer es incrementar la tarifa", agregó, en alusión a los supuestos sobornos que podrían pagarse para contar con una evaluación favorable que permita acceder al beneficio de la excarcelación.

Por su parte, el representante de la Comisión Provincial por la Memoria Roberto Cipriano lamentó que "esta reforma se presente como una solución a los delitos" y opinó que "esto es vender humo", al tiempo que señaló que "si se aprueba el proyecto va a profundizar los problemas" en las cárceles.

La secretaria académica de la Maestría en Comunicación y Criminología de la Universidad de La Plata, Azucena Racosta, calificó el proyecto como "hipócrita, porque es una ley mediática", en alusión al caso de Micaela García, la joven asesinada en Entre Ríos.

Entre los expositores estuvo también la presidenta de la agrupación "Yo No Fui" (que representa a mujeres detenidas), María Medrano, quien también señaló como un problema que el proyecto "le da más poder al Servicio Penitenciario".

Además, Medrano sostuvo que la iniciativa "viola el principio de resocialización, desconoce tratados internacionales a los que suscribió la Argentina y agrava las condiciones de detención".

La representante de la agrupación remarcó que con este sistema que propone el proyecto "da lo mismo estudiar o trabajar" dentro de la cárcel y criticó, además, la variedad de delitos que se incluyen entre los que impedirían el acceso a la salida anticipada.

"¿Le vas a dar a las mujeres que venden drogas en un kiosquito el mismo trato que a un tipo que mata mujeres?", interrogó Medrano.

Noticias Argentinas

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