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Presentan recurso para evitar nueva detención en Perú de activista canadiense

16 may 2017
21h01
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Un grupo de ONG presentó hoy un hábeas corpus a la Justicia peruana para evitar una nueva detención y eventual expulsión del país de la activista canadiense Jennifer Moore, quien en abril fue detenida junto al estadounidense John Dougherty por presentar un documental contra la minera canadiense Hudbay.

El hábeas corpus es contra el Ministerio del Interior, la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional del Perú (PNP) para que no se vuelvan a repetir los hechos cuando Moore regrese a Perú en agosto, explicó a Efe el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Juan Carlos Ruiz.

Entre las organizaciones no gubernamentales peruanas que presentaron el recurso están el IDL, Cooperacción, Derechos Humanos sin Fronteras y la Asociación por la Vida y la Dignidad Humana.

Ruiz indicó que el hábeas corpus pretende sentar un precedente para que no se repitan las detenciones de personas extranjeras o nacionales que denuncian en Perú las malas prácticas de las mineras, como Moore, coordinadora del programa para América Latina de MiningWatch Canadá.

"Está en juego la libertad de opinión. Aquí hay un acto de censura porque se intenta sancionar en los hechos a alguien por expresar una voz crítica con las malas prácticas de empresas mineras", dijo Ruiz.

El letrado señaló que una censura a una opinión solo puede justificarse si se trata de un discurso de odio o afecta a la reserva de una investigación.

Moore y Dougherty fueron detenidos en abril bajo el argumento de que alteraban el orden público al presentar el documental en comunidades de Cuzco cercanas a la mina Constancia, explotada por Hudbay, y Migraciones evaluó su expulsión al argumentar que no podían hacer esas actividades con el visado de turista.

El documental, titulado "El Fraude de Flin Flon", mostraba los impactos de las actividades de Hudbay en comunidades en Canadá, los Estados Unidos de América, Guatemala y Perú.

Los dos extranjeros abandonaron el país tras permanecer varias horas retenidos en la ciudad de Cuzco por la Policía, ya que Migraciones los había citado para evaluar su calidad migratoria y su posible expulsión del país.

Ruiz denunció que existe un convenio entre Hudbay y la Policía para que sus agentes brinden seguridad a las instalaciones mineras, una práctica habitual en las grandes minas de Perú.

El abogado añadió que el IDL también pidió una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que evalúe la pertinencia de estos convenios, que en su opinión "privatizan el orden interno y son parte del andamiaje para criminalizar la protesta y las amenazas a los defensores de los derechos humanos".

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