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El Supremo argentino otorga prisión domiciliaria a represor de la dictadura

18 abr 2017
17h09
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La Corte Suprema de Justicia de Argentina resolvió hoy revocar una sentencia de un tribunal inferior que había dejado sin efecto el arresto domiciliario de Felipe Jorge Alespeiti, encarcelado por sentencia no firme por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar (1976-1983).

El Supremo argentino, por mayoría con las firmas de los jueces Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, consideró en una resolución publicada por el Centro de Información Judicial (CIJ) que el fallo de la Cámara de Casación Penal "carecía de fundamentación".

La Sala IV de esa Cámara había revocado el arresto domiciliario de Alespeiti, ex militar de 85 años de edad, al considerar el "riesgo de fuga" y el compromiso de la responsabilidad internacional del Estado argentino de garantizar efectivamente el cumplimiento de la pena.

Además, tenía en cuenta que en este tipo de causas de lesa humanidad "no debía estarse a la edad o aptitud de salud del imputado", sino también considerarse la "capacidad de la persona e influir en las estructuras de poder del que formó parte y con el que conformó una red continental de represión".

Contra esa decisión, la defensa del exmilitar presentó un recurso extraordinario que fue concedido este martes por el máximo Tribunal.

Maqueda, en su razonamiento, explicó que la Cámara Federal de Casación Penal no había ponderado si, sobre el estado de salud de Alespeiti -con diversas patologías susceptibles de complicación y con trastorno senil, pérdida del 70 % de visión en uno de sus ojos, hipoacusia y limitada movilidad-, la detención en una prisión podía "agravar su estado y si éste resultaba efectivamente apto para resguardarlo".

En el mismo sentido, Rosatti recordó que la humanidad contra la cual fueron cometidos estos crímenes exige del Estado del Derecho, "para diferenciarse de la barbarie", la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes.

El juez de la Corte recordó la existencia de obligaciones internacionales asumidas por el Estado para garantizar "la investigación, el juzgamiento y la sanción de los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones perpetradas a los derechos humanos.

Alespeiti fue condenado a 22 años de prisión por delitos de privación de libertad agravada por ser funcionario público y por haber sido cometida bajo violencia y amenazas en forma reiterada respecto de 16 hechos que fueron calificados como delitos de lesa humanidad.

Además, fue uno de los condenados en el histórico y extenso juicio por el Plan Cóndor, al considerarlo partícipe de una asociación ilícita entre las dictaduras del Cono Sur para reprimir a multitud de personas durante los años 70 y 80.

El beneficio de la prisión domiciliaria a los represores durante ese periodo cuenta en Argentina con la oposición de diversas asociaciones de derechos humanos de la última dictadura, como las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo.

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