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Una pesada herencia
Por Ernesto Hadida, editor de Invertia Argentina
En 1983, el país que había dejado la dictadura militar
era económicamente muy distinto al que encontraron las
Fuerzas Armadas cuando, a través de un golpe de
Estado, tomaron el control de la Nación el 24 de marzo
de 1976. Los números hablan por sí solos: la deuda
externa argentina aumentó de 7.875 millones de dólares
en 1975 a 45.087 millones en 1983.
El mayor problema financiero que enfrenta el país en
la actualidad nació, creció y se desarrolló durante la
dictadura, y se triplicó entre 1976 y 1981, años en
que el ministerio de Economía fue dirigido por José
Alfredo Martínez de Hoz.
En materia económica, la
contrapartida del establecimiento de una dictadura
política que las Fuerzas Armadas bautizaron “Proceso
de Reorganización Nacional”, fue una apertura
comercial y una reforma financiera.
Martínez de Hoz, el primer titular de Economía de la
dictadura, hijo pródigo de una antigua familia de
terratenientes, integrante de la Sociedad Rural y
formado en la monetarista escuela de Chicago, fue el
encargado de llevar adelante el plan gestado para
lograr una “nueva Argentina”, de acuerdo al slogan de
la época.
Ese nuevo país comenzaba con la puesta en
práctica de una idea que la sociedad argentina
incorporó a su bagaje cotidiano de palabras: ajuste.
 Plata dulce y tablitas amargas
El apretón económico de Martínez de Hoz comenzó con el
congelamiento de los salarios de los trabajadores, que
quedaron bajo el control de la Nación, que fijó
aumentos en forma periódica. “El salario real ha
llegado a un nivel excesivamente alto con en relación
con la productividad de la economía”, afirmó el
ministro en 1976.
El golpe que Martínez de Hoz le dio al salario real
determinó que el ingreso de los trabajadores nunca
vuelva a recuperarse: de hecho, entre 1976 y 1980 cayó
un 40 por ciento. Los más afectados por esta caída
fueron los obreros industriales, que sufrieron en sus
bolsillos el derrumbe de la industria nacional.
Otra práctica que se inauguró en esa época fue el
pedido de créditos a organismos internacionales: la
Argentina recibió 400 millones de dólares de crédito
por parte del FMI. Pero la administración de Martínez
de Hoz tenía un enemigo aún peor para derrotar que el
déficit fiscal: la inflación.
El país que encontró la dictadura estaba acosado por
una creciente inflación que amenazaba con devorar la
capacidad de consumo. En 1975, la inflación llega a
subir mas del 300 por ciento al año, el PBI
descendió un 1,4 por ciento y el PBI per cápita
descendió un 3 por ciento. Mientras, los precios al consumidor subieron entre marzo del '75 y enero del
'76 un 566,3 por ciento.
La respuesta que Martínez de Hoz encontró para una
inflación creciente que, entre otras cosas, derrumbó
la producción industrial y la hizo caer más de un 25
por ciento fue un experimento monetario: la famosa
“tablita”.
En rigor, “la tablita” era un sistema de
devaluaciones preanunciadas para que la ciudadanía, (y
especialmente los empresarios) supieran cómo y cuándo
se iba a devaluar. El plan de la tablita, especie de
calendario de la devaluación, iba acompañado de una
ley que traería aparejada la época de la “plata
dulce”.
El 1 de junio de 1977 la “ley de entidades
financieras” liberó el mercado de dinero y le dio
garantía estatal a todos los depósitos a plazo fijo.
Con esta norma, si un banco quebraba, el Estado
devolvía el dinero. Comenzó así la especulación y la
tristemente célebre “bicicleta financiera”.
Hasta la sanción de la ley de entidades financieras,
la tasa de interés estuvo controlada por el Banco
Central y siempre por debajo de la tasa de inflación,
lo que le produjo un perjuicio a los ahorristas y un
beneficio a los deudores (y a las empresas), ya que la
deuda se licuó a través de la alta inflación.
Martínez de Hoz intentó corregir este proceso con un
gesto totalmente liberal: mediante la ley de entidades
financieras liberó las tasas de interés, por lo que
cada banco ofreció a los ahorristas las tasas que
creyó convenientes. Este mecanismo hizo que los bancos
ofrecieran tasas de interés muy altas para captar más
depósitos.
En octubre del '77, las tasas de interés
alcanzaron un nivel del 135 por ciento anual.
La distorsión de este mecanismo hizo que las empresas
tuvieran que endeudarse en el extranjero, ya que
debieron pagar altas tasas para lograr financiación en
el mercado local.
Así, mientras los plazos fijos y las
financieras se reprodujeron ferozmente, los que
tomaron créditos hipotecarios durante esa época
terminaron pagando tasas usurarias: el ejemplo fue la
de la recordada circular 1.050 del Banco Central, que
liberó las tasas de los créditos hipotecarios a la
fluctuación del mercado, permitiendo a las entidades
bancarias otorgar créditos a particulares sin fijar de
antemano los intereses.
La circular 1050 determinó que miles de ahorristas terminaran pagando tasas
siderales o que debieran entregarle sus viviendas al
banco, ya que los intereses, fijados por un mercado de
tasas que llegaron a mas del 100 por ciento al año,
tornaba impagables los préstamos.
En 1978, el plan de Martínez de Hoz dio indicios de
ser un fracaso total: la inflación anual llegó al 160
por ciento, y el PBI descendió durante ese año cerca
de un 3,2%. Al crecimiento nulo del país se le sumaron
los fuertes gastos del Estado: el 25 de junio del 1978
la Argentina ganó el Campeonato Mundial de Fútbol. Ese
mundial, organizado en el país, costó cerca de US$ 500
millones, gasto que fue completamente cubierto por el
Estado.
La perversión del sistema financiero se tornó difícil
de dominar para el Gobierno: en 1979, los precios
minoristas crecieron en un 139,7 por ciento, y la
capacidad de consumo se redujo vertiginosamente. La
situación de las empresas privadas empeoró, ya que, al
abrirse la importación y disminuir el consumo, muchas
de ellas debieron endeudarse en el exterior (debido a
las altas tasa locales) para sobrevivir.
Al final, la distorsión en la banca terminó por
perforar a muchas entidades financieras, que no pudieron
hacer frente a sus obligaciones: el 28 de marzo de
1980 el Banco Central ordenó la liquidación del Banco
de Intercambio Regional (BIR). A fines de ese año,
cerca de 25 entidades financieras habían quebrado,
casi todos bancos cooperativos o provinciales.
El fracaso de la gestión de Martínez de Hoz terminó
por hacerse evidente cuando tuvo que tomar una
resolución drástica: el 3 de febrero de 1981 el peso
fue devaluado un 10 por ciento con relación al dólar.
Apostando al Dólar
Los ruidos políticos que acompañaron a la salida de la
primera junta militar determinaron que el 29 de marzo
de 1981 asuma un nuevo ministro, Lorenzo Sigaut.
El nuevo ministro pasó a la historia por la frase
“esta vez, el que apuesta al dólar pierde”.
Un mes después, Sigaut asistió a una nueva devaluación del
peso: la moneda local perdió más de un 35 por ciento
de su valor frente al dólar y se pagaron 8.800 pesos
nuevos por unidad, el salario real cayó y se indexaron
los créditos hipotecarios hasta mas de un 11 por
ciento.
En tanto, la desocupación llegó al 5 por
ciento y afectó a un millón de trabajadores. El PBI
cayó ese año cerca de un 6 por ciento.
Durante 1982, Estados Unidos subió las tasas de
interés, lo que empeoró aún más la situación de las
empresas argentinas que buscaban financiamiento
externo. Con el aumento de tasas, los capitales golondrina, que
habían llegado a la Argentina por las altas tasas
existentes, regresaron a Estados Unidos. El resultado
del PBI cayó ese año un 5,7 por ciento.
Ese mismo año la guerra de Malvinas y la estatización
de la deuda privada instrumentada por el presidente
del Banco Central, Domingo Felipe Cavallo, no dejaron
mucho margen para el crecimiento económico. A pesar que
el nuevo ministro de Economía, Roberto Alemann, redujo el
gasto al máximo, pero el país solo creció un 3,1 por
ciento.
En 1983, con la llegada de la democracia, la dictadura
militar abandonó el control del país. Sus últimos dos
ministros de Economía son casi decorativos: José María
Dagnino Pastore y Jorge Wehbe pilotearon la última
etapa de la dirección financiera de la Nación, pero su
tarea no fue más allá de meros actos administrativos.
Pastore y Wehbe intentaron, sin lograrlo, ordenar un
poco las cuentas fiscales, a la espera de que el
gobierno civil se hiciera cargo del desastre fiscal
que deja el Gobierno.
La dictadura militar dejó una economía sin rumbo y un
Estado quebrado: la deuda externa se cuadriplicó en
los 7 años de gobierno del proceso; también aumentó la
transferencia de capitales hacia el exterior y se
redujo la producción y empleo industrial.
Como coroloario del proceso económico, también se lesionó la distribución del ingreso: la dictadura aumento la concentración de la riqueza, y entre 1976 y 1983 la brecha entre ricos y pobres creció un 50 por
ciento.
La pesada herencia de la dictadura, expresada en la
desmesurada deuda externa, debió ser afrontada por los
posteriores gobiernos democráticos. Las promesas del
equipo económico de la dictadura de desarrollar un
capitalismo competitivo no sólo no se cumplieron, sino
que comprometieron al país a un endeudamiento
estructural que constituye, 25 años después, el punto
mas vulnerable de la economía argentina.
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