El programa fue propuesto por el gobernador de Mendoza Celso Jaque con el fin de detener la ola de violaciones, que ascendieron a medio centenar en los últimos dos meses.

Con un tratamiento psicológico, social y farmacológico, se intenta disminuir la líbido y potencia sexual de los condenados mediante el suministro de fármacos.

El gobernador logró en octubre pasado la aprobación por parte de un comité científico para el programa, siempre y cuando haya acuerdo manifiesto de la persona condenada.

Desde entonces, comenzó el camino legal para darle curso al programa y, en ese contexto, se aprobó un decreto para permitir a los presos el beneficio de libertad condicional, con la anuencia del gobernador, si acceden al mismo.

De los once condenados por delitos sexuales que se ofrecen como voluntarios para la castración química, el 80% son reincidentes y tienen condenas de más de 10 años, según datos de la Subsecretaría de Justicia local.

El perfil de estos voluntarios es que tienen entre 30 y 40 años y aún les resta cumplir más de 7 de condena. A la mayoría, los motiva la posibilidad de conseguir beneficios extramuros, según el sondeo de los psicólogos de la cárcel provincial.

El médico sexólogo José Luis Rodríguez, que integra el grupo de profesionales que avaló la castración química, considera que el método puede ser efectivo para "el oportunista que en ocasión de un robo aprovecha la indefensión de la víctima", aunque no para el "delincuente sexual psicópata y perverso", para el cual, advierte, "la ciencia no ha podido conseguir resultados".

Terra

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