30 de diciembre 2004: cerca de las 23, unas bengalas provocan el incendio dentro del local República de Cromañón, Bartolomé Mitre 3070, donde más de 4.000 personas asistían al recital del grupo de rock "Callejeros".
Al día siguiente, la policía detiene al empresario Omar Chabán, gerenciador del boliche. La jueza María Angélica Crotto y el fiscal Juan Martín Sansone quedan al frente de las investigaciones.
Enero 2005: La jueza Crotto hace lugar al pedido de la Fiscalía de imputar a Chabán por el delito de "homicidio y lesiones culposas". Renuncian el secretario de Justicia y Seguridad porteño, Juan Carlos López y la subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin. La Justicia inhibe los bienes de Ibarra y de dos funcionarios a cargo del área de Seguridad.
Familiares y amigos de las víctimas organizan tres marchas en reclamo de Justicia . En dos de ellas, hay incidentes que dejan heridos y detenidos.
Asume el diputado nacional del PJ Juan José Alvarez en la Secretaría de Seguridad porteña. Lanza una profunda reforma, operativos y comienza una serie de clausuras a comercios.
Chabán se niega a declarar ante la jueza Crotto y es traslado al penal de Marcos Paz. Lo procesan por el delito de homicidio simple con dolo eventual y lo embargan por 57 millones de pesos. Secuestran documentación de las empresas vinculadas a Chabán.
El vicejefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, niega tener relación comercial con Chabán.
Familiares de las víctimas se reúnen con el ministro del Interior, Aníbal Fernández. El gobierno nacional anuncia la creación de un fondo fiduciario para el pago de costos por acciones legales iniciadas por familiares y víctimas de la tragedia de Once, sin instruir a los abogados, y con expresa mención de que podrán demandar a funcionarios públicos.
La banda Callejeros pide ser querellante en la causa por considerarse víctimas. Más tarde, la jueza denegaría esa petición. Raúl Villarreal, sindicado por el grupo de rock como el responsable de la seguridad de Cromañón, niega haber cumplido esa tarea en la noche del incendio, y acusa a la propia banda de ser la encargada de esa misión.
Tras un intento fallido de la oposición para interpelar a Ibarra, el jefe de gobierno concurrió a la Legislatura porteña y durante 8 horas expuso y contestó preguntas de los diputados. Ibarra reconoce que el local debió haber sido clausurado, porque desde el 25 de noviembre de 2004 estaba vencido el certificado entregado por los bomberos. La sesión pasó a cuarto intermedio hasta el martes 1ro de febrero.
Ibarra convoca a una consulta popular vinculante para la revocatoria de su mandato, que finalmente no avanzó debido a la escasa cantidad de firmas reunidas.