Hay cuestiones -la integración regional o la hipótesis de dividir el Ministerio de Economía en dos áreas, una de Finanzas o Hacienda y otra Productiva o de Desarrollo- que también pesarán en el diseño de la política a seguir, pero los temas mencionados anteriormente serán los gravitantes, al menos en la primera etapa del próximo mandato.

Lamentablemente no aparece en la agenda de los candidatos un debate que supere esas cuestiones de coyuntura y que apunte a una discusión sobre un modelo sustentable para la Argentina en el mediano y largo plazo (de desarrollo, de sinergias entre la industria y el campo, de mayor prioridad a la educación científica y tecnológica, de cohesión social en base a proceso productivo con rumbo fijo), que podría emerger aprovechando el impulso macroeconómico que nadie discute deja como herencia el gobierno de Néstor Kirchner.

Como 2007 cerrará habiendo atravesado dos problemas cuyas bases siguen presentes (los precios en alza y el déficit energético), para 2008 habrá que atenderlos mejor antes que después. Si se empieza apenas pase octubre, mejor.

La inflación, cuando existe, no tiene un sólo origen. Puede surgir por demanda en auge, por restricciones de la oferta, por manejos sectoriales monopólicos u oligopólico o por razones monetarias, entre otras. La economía argentina es una de las que más ha crecido en el mundo desde 2003, y el gobierno priorizó ese sendero de expansión, que incluyó el sacar altos porcentajes de la población del desempleo, la pobreza y la indigencia, antes que enfriar la economía y aplacar los precios.

Y compensó la carestía que sin dudas hubo en rubros muy importantes y sensibles como los alimentos o los alquileres, con el mantenimiento en 0% de alza en otros no menos clave, como los de transporte, energía o gas. Lo pudo hacer a través de subsidios por el superávit fiscal robusto logrado, también récord en muchísimos años, y donde pesó la mayor actividad económica pero también la mejor fiscalización del ente recaudador.

Aprovechar el superávit para premiar fiscalmente a quienes inviertan y superen cuellos de botella, o castigar posiciones monopólicas u oligopólicas podrían ser medidas de las próximas autoridades.

El desmanejo en el Indec es otra cosa. Para salir de él -algo imposible antes de las elecciones- ya circulan planes para desdoblar los índices de precios, como hacen otros países, incluido Estados Unidos (con o sin precios de combustible).

Se establecería como índice base uno más simplificado y en base a bienes y servicios de consumo masivo. Habrá otros índices más complejos, con productos de estacionalidad o que incluyan servicios privados (salud, educación), pero no serán los de referencia obligada. Ni se volverá a la metodología anterior ni se seguirá con el actual y prontamente desacreditado esquema.

Combatir las expectativas inflacionarias, que es crucial ahora, es imposible con índices desacreditados o falseados.

En cuanto a tarifas de servicios públicos, se buscará un "sinceramiento", en torno al 15% en algunos rubros, ha trascendido. Debería ser excluyendo a los sectores más vulnerables. Y hay también quienes quieren excluir al transporte público, estirando los subsidios. Pero otro precio que augura nuevos debates es el del trabajo.

Hay nuevas rondas de paritarias para 2008 (en lo que va de 2007 ya alcanzó a 3,5 millones de trabajadores, después del ataque brutal al mundo laboral del menemismo y sus herederos). Y se habla de una concertación social más firme e institucionalizada entre empresarios, Estado y trabajadores para reordenar la puja distributiva e iniciar un segundo capítulo tras la recuperación lograda en el gobierno actual.

En términos de distribución del ingreso, no asoma ninguna reforma fiscal. Al presidente y a su eventual sucesora parece alcanzarle el esquema actual de retenciones a sectores con renta extraordinaria, como forma de capturar ganancia. Si es así, volverá a quedar pendiente una reforma integral.

Sobre el crecimiento del PBI, hay consenso en que acaso sería conveniente reducir algo la tasa de expansión, también porque las condiciones internacionales cambiaron. Pero por lo dicho anteriormente, no es la idea, al menos en la candidata mejor posicionada para ganar el gobierno, enfriar la economía ni atender los reclamos históricos de la ortodoxia liberal, como la remanida queja sobre el gasto público.

Habrá menos crecimiento pero crecimiento al fin, y con sus pilares mantenidos: tipo de cambio competitivo y manejo responsable del fisco.

El último invierno presentó picos de demanda energética a punto de no poder ser satisfechas, y hubo recortes en industrias. Los planes lanzados para mejorar la matriz (acuerdos energéticos con países vecinos, inversiones en centrales nucleares y represas, etc.) llevarán su tiempo y es imperioso que el Estado recupere capacidad de arbitraje y de intervención en un área regalada a privados y extranjeros en la década pasada.

Los procesos de integración regional, si valen por algo, y sí que valen, lo es en parte importante por esta cuestión. Enarsa debería tener un mayor juego en el sector.

El tema de la deuda volverá a emerger, por las presiones de los bonistas que quedaron afuera del canje de 2004, los llamados holdouts, que reclaman unos US$ 25.000 mil millones, y el Club de París, algo más de US$ 6.000 millones. Otro "pasivo" a disputar será con el CIADI. Que sean inmorales esos reclamos no evitará tener una estrategia precisa al respecto.

Pero además hay un serivicio de capital e intereses que no deja de ser condicionante, pese a aquella exitosa negociación de 2004, también herencia de cuando gobernaba el irresponsable liberalismo (1976-2002). Los pagos de deuda amenazan el superávit fiscal y hasta las reservas récord (con ellas se pagó al FMI). También por esto las políticas de crecimiento, mejor recaudación y superávit presupuestario deberán mantenerse. Igual que recuperación social del país para mantener sustentabilidad y legitimidad políticas en el nuevo gobierno.