Las inversiones externas directas(IED) suelen tener mejor prensa que los perjuicios que, a veces, también conllevan. No son buenas ni malas en sí mismas, depende del aporte que hagan al país, pero hay más perjuicio cuanto mayor sea la falta de control del Estado, algo que cunde para atraerlas antes de que vayan a otro mercado.
En Argentina -ni podríamos decir en ningún otro país- no se sabe exactamente cuánto del empleo, el valor agregado o el comercio exterior es generado por empresas extranjeras. Pero sí hay un recorte sobre las 500 firmas más grandes, y así se puede tener una dimensión.
Ellas, según el Indec, representan 34% de la economía argentina, y de ese total, dos tercios son extranjeras (hasta la década de 1990, eran casi partes iguales). En tanto, el 66% restante, o sea la mayoría, son pymes y casi todas nacionales. En inversión fija, las 500 (nacionales y extranjeras) son sólo 20% del total. Ahí hay una primera aproximación a que las IED, aunque puedan ser bienvenidas si cumplieran con todas sus obligaciones, no tienen un peso clave en una economía como la argentina, como sí tienen las pymes (lo que sucede en casi todos los países).
Y según cálculos privados, si en las exportaciones argentinas el capital extranjero sí cumple un papel algo más destacado, en % del valor agregado al PBI y más aún en % del empleo, lo hacen mucho menos, quizá (otro factor) porque se han orientado más a servicios que a producción.
Al margen de estos datos y consideraciones, para esta nota importa la conducta que a veces tienen las IED ya no sólo en el país sino en Latinoamérica, donde las empresas europeas en los últimos años ganaron muchas posiciones frente al resto. Aquí, una denuncia contra ellas que ha tenido poca difusión.
Varias y conocidas multinaciones europeas con fuerte presencia en América Latina fueron denunciadas por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP, ex Tribunal Russell), que en mayo, en Perú, realizó una sesión paralela a la cumbre presidencial de la Unión Europea y Latinoamérica, cuyos gobiernos buscan acuerdos de asociación.
Las relaciones laborales, el daño al medio ambiente, la "gran expansión" de semillas transgénicas, la salud de la población, la corrupción y el sistema financiero fueron las áreas estudiadas por expertos y un jurado compuesto, entre otras personalidades, por el economista belga François Houtart y el secretario general del TPP, el médico sanitarista italiano Gianni Tognoni. Como asesores colaboraron los juristas Alejandro Teitelbaum y Juan Hernández.
El TPP, establecido desde 1979 como heredero de los Tribunales Russell sobre la guerra de Vietnam y sobre las dictaduras de América Latina, invitó a participar a la Comisión Europea, pero Bruselas no asistió.
Por años, el Tribunal, de fallos no vinculantes sino éticos y morales, siguió casos "modelos" como los de las firmas españolas de energía Unión Fenosa en Centroamérica y de banca BBVA en varios países de la región; según la organización fueron los "más críticos desde el punto de vista de las violaciones de los derechos humanos y de los Pueblos", así como "en términos de sus implicaciones y consecuencias estructurales y de calificación jurídica".
En total, el panel trató 24 casos en las áreas minería, petróleo, forestación, farmacéutica, telecomunicaciones, agroalimentación, agroquímicos, transgénicos, siderurgia, electricidad, agua, banca y finanzas. En materia de relaciones laborales, se analizó por ejemplo el caso de la noruega Agroalimentaria CampoSol por persecución sindical. En medio ambiente, a la británica Minera Majaz por su tarea sobre el Río Amazonas y la alemana de maquinarias y acero Thyssen Krupp, "modelo paradigmático de inversión excluyente y contaminante".
En semillas transgénicas condenó el caso de Syngenta, y en salud de la población e intoxicación por plaguicidas a la química alemana Bayer por el producto Paration, al que se responsabiliza por la muerte de 24 chicos indígenas en Tauccamarca, Perú, y a la petrolera angloholandesa Shell por el plaguicida Nemagón, sobre todo sus efectos en Honduras y Nicaragua.
Por corrupción, se estudió los casos de Unión Fenosa en la privatización de la distribución energética en Nicaragua y de la constructora sueca Skanska en Perú por la ampliación del gasoducto Camisea (es la misma empresa acusada de coimas en Argentina).
Por "destrucción de naturaleza", a Unión Fenosa por la represa Salvajina en Colombia, Minera Majaz en Perú y Repsol de España en varias regiones de Colombia, Ecuador, Bolivia y Argentina.
El TPP condenó la "connivencia y complicidad de los estados y oligarquías nacionales" latinoamericanos y el afán de la UE de firmar acuerdos comerciales que "estimulen los intereses económicos" de sus multinacionales. También reclamo por la "deuda histórica" con los pueblos originarios de la región y, al condenar "moral y éticamente" las conductas y prácticas "del modelo neoliberal" que violarían una larga lista de convenciones del sistema de Naciones Unidas y organizaciones afines en el fallo citadas, pidió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU un relator que "eleve a la brevedad posible un informe a la Asamblea General".
Terra
/ Néstor Restivo.
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